Abonando la vieja política

Lejos de conseguir las reformas y cambios institucionales que den certeza a un sistema que se aleje de los vicios ampliamente conocidos de cooptación y corrupción, todos expuestos en los casos de investigación perseguidos por CICIG y MP, el país no logra encontrar la ruta del cambio y en lugar de ello, los fantasmas de la vieja política continúan orquestando planes para mantener cooptada la institucionalidad del país para garantizar sus aviesos intereses.

El medio digital Nómada dio a conocer las conversaciones que sostuvieron miembros de la comisión de Reforma Electoral del Congreso cuando discutían sobre el paquete de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, durante la cual intercambiaron propuestas muy alejadas del supuesto espíritu de las reformas. En teoría, las reformas deberían contribuir a por lo menos tres objetivos estratégicos: transparentar el juego político, es decir que se conozca y limite el dinero que reciben los partidos y cómo lo gastan, institucionalizar las organizaciones políticas que actualmente giran alrededor del dinero y el líder, y tres consolidar el papel de una autoridad electoral independiente que dé certeza del cumplimiento de las normas establecidas.

Por la conversación grabada por la periodista de Nómada, el espíritu de los legisladores va en vía contraria. Su primera intención es anular la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, modificando el proceso de selección y duración en el cargo de los mismos, además de exigir en los requisitos para optar a dichas magistraturas, que los aspirantes hayan pertenecido a un partido político. Semejante intención, significaría un retroceso sin antecedentes inmediatos, pues desde la promulgación de la Constitución Política en 1985, se concibió acertadamente un tribunal con magistrados independientes.

De hecho, la tendencia latinoamericana y mundial es a garantizar un árbitro independiente, toda vez los órganos integrados partidistamente están severamente cuestionadas y debilitadas por falta de credibilidad. Representaría además un duro golpe a lo realizado por el tribunal actualmente en funciones, que ha sido el primero en atreverse a tomar decisiones inéditas como sanciones ejemplares hasta llegar a la cancelación de partidos.

Y es nada menos y nada más, que anular esa independencia lo que buscan los diputados con la reforma en curso. Ninguna otra propuesta por buena que pareciera, compensaría el daño y el retroceso que ello representaría para el sistema democrático del país. En todo caso, sería mejor abortar el proceso de reforma en ciernes antes que permitir semejante pretensión.

La comisión ha llevado a cabo un proceso de consultas y debates con diversidad de actores, recogiendo propuestas que puedan enriquecer la reforma. Y es sobre la base de esos insumos recibidos que debe trabajarse el proyecto final a ser aprobado. Si los diputados miembros de la comisión pretenden hacer sus propios aportes, conviene exigirles que los mismos sean por escrito y que puedan defenderlas públicamente.

En todo caso debieron haber llevado a debate y discusión las pretensiones que hoy salen a luz pública. Allí se hubieran dado cuenta que su idea de cooptar el órgano electoral es una propuesta que no encontrara eco en ningún otro actor de la sociedad y hubieran podido confirmar que siguen viviendo en total divorcio con la sociedad que dicen representar pero con la que viven en total divorcio.