Acción Ciudadana solicita a la CC la destitución del presidente de la República y la ministra de Relaciones Exteriores

Acción Ciudadana solicita a la CC la destitución del presidente de la República y la ministra de Relaciones Exteriores

Ante la crisis nacional provocada por la terminación unilateral del acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, y ante la amenaza de rompimiento del orden constitucional y debilitamiento institucional democrático, Acción Ciudadana presenta un amparo con el objeto de solicitar a la Corte de Constitucionalidad que ordene inmediatamente : a) Certificar lo conducente, por la posible comisión de los delitos de VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN y DESOBEDIENCIA, en contra de JIMMY MORALES CABRERA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; b) El encausamiento para la destitución y certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal en contra de SANDRA ERICA JOVEL POLANCO, MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES y demás funcionarios que han desobedecido y opuesto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

Además, dado el incumplimiento de las normas de derecho internacional para la terminación del acuerdo por parte el Presidente y el Congreso de la República, Acción Ciudadana presentó un amparo en contra de esta decisión autoritaria y fuera del marco legal vigente, con el objetivo de que la Corte de Constitucionalidad declare su improcedencia y anule lo actuado.

En una actitud de flagrante desobediencia y violación de las leyes del país, el presidente ha dado por terminado el acuerdo de creación de la CICIG. Es deber de las instituciones garantes del Estado de Derecho en el país, restablecer el orden legal y tomar las acciones legales correspondientes contra los infractores, incluyendo el Presidente y los miembros de su gabinete.

La crisis democrática en la que está sumergida Guatemala, producto de las actitudes autoritarias del Presidente Jimmy Morales, también requiere de la participación activa de la ciudadanía comprometida con la lucha contra la corrupción, para respaldar el trabajo de los funcionarios judiciales que aún responden a los intereses del país y para demandar el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho.