Asalto a instituciones “autónomas”

La debacle del gobierno tiende a ser más visible en el gabinete de gobierno donde la sustitución de ministros y secretarios está a la orden del día y así como llegaron sin mayor argumentación que respaldara su nombramiento, igual salen sin decir agua va, agua viene. Esta forma de gobernar propia de sociedades donde no hay responsabilidad política de Estado, es decir donde no se tiene que justificar la manera de actuar, ha sido quizá el vacío mejor aprovechado por los gobernantes de turno, al punto que con la crisis de gobierno actual, altas autoridades salen por la puerta de atrás como si hubiesen estado en una cantina, sin rendir cuentas a nadie de su ingesta.

Pero resulta que más importante que muchos ministerios y secretarias son entidades descentralizadas y autónomas que manejan espacios de poder, presupuestos robustos y decisiones estratégicas, que por estar más alejadas del lente y escrutinio público, siguen tomando decisiones discrecionales aprovechando el vacío de poder existente, dilapidando cuantiosos recursos estratégicos como lo vimos recientemente con la asignación de varias frecuencias de radio para fines comerciales sin guardar el debido proceso para su otorgamiento por parte de la SIT, mientras la Policía Nacional carece de una radiofrecuencia para sus operaciones.

El RIC, Aeronáutica Civil, Renap, IGSS, SIT, SAT, CDAG, Comité Olimpico, Zolic, Amsa, y muchas otras entidades ¨autónomas¨ no son ajenas a la infiltración de la corrupción emanada desde las más altas esferas de gobierno y prácticamente en todas ellas metieron sus manos tanto la ex vicepresidente como el mismo presidente. Aunque se dicen autónomas, tanto los nombramientos como las decisiones emanan de la presidencia y vicepresidencia, como lo vimos todos con el nombramiento de autoridades en la SAT y el IGSS, cuyo descalabro ahora no es reconocido por el presidente aduciendo que no tiene responsabilidad en los casos de corrupción allí develados.

Sin un servicio civil estable y profesional no existe la tal autonomía adjudicada a estas instituciones en el papel. En la actualidad cumplen más bien la función de bolsones clientelares del gobierno de turno que las toma por asalto haciendo que las juntas directivas y órganos de gobierno estén sometidos a sus designios casi siempre ligados a intereses de negocios y corrupción. De hecho, es de los recursos drenados a estas instituciones, de donde sale buena parte del financiamiento de campañas para varios partidos.

A esta situación ha contribuido la ausencia de un plan nacional de desarrollo que debería asignar tareas estratégicas a estas entidades que nacieron precisamente con ese fin. Su existencia debe estar supeditada a la existencia de ese plan nacional que es otra tarea pendiente en la agenda de reformas estructurales que debemos empujar.

No tiene sentido seguir eligiendo gobiernos sin que se construya un plan nacional con al menos un horizonte de 10 años que oriente y justifique las inversiones y decisiones de los gobiernos de turno y rompamos así el circulo vicioso de empezar a construir el país cada cuatro años en un juego perfecto de suma cero.

Un plan nacional de desarrollo obligaría a los aspirantes a gobierno a elaborar su plan de gobierno en el marco de las prioridades y políticas establecidas en dicho plan. La inexistencia de un plan nacional y de programas de gobierno que solo aparecen esporádicamente cuando el partido política necesita justificar su ambición de poder, ha dejado a las administraciones de turno como barcos sin rumbo que navegan en círculos y sucumben a la primera marejada que se presenta y últimamente se asemejan más a bandas de piratas que solo aspiran subir al barco con fines de saqueo.

El descalabro de la SAT atribuido en gran medida a la influencia del ejecutivo en ella, nos dejara al final de este año último del gobierno Pérez -Baldeti, con una carga tributaria menor al 10 por ciento, retrocediendo al país al menos 15 años cuando ya entonces teníamos la carga tributaria más baja de América Latina y del mundo. Dejar que estas instituciones sigan siendo manoseadas por los gobiernos de turno tiene un costo más alto del que hemos reparado.