Capitalismo salvaje sobre ruedas

Se habla de capitalismo salvaje cuando una persona o grupo controla a su antojo un mercado o servicio, siendo el Estado un mero espectador que ha renunciado a su papel contralor, dejando a la población expuesta a los abusos y arbitrariedades. Es exactamente lo que viene ocurriendo desde hace mas de 25 años con el servicio de transporte urbano de la ciudad capital, cuyo saldo en ese periódico suma miles de muertos, heridos y millones de personas violentadas diariamente, por un pequeño grupo cartelizado de supuestos empresarios del transporte.

Miles de millones fueron concedidos para mantener este esquema de fraude, que iba transitando sin obstáculo alguno por cada gobierno entrante, mientras el servicio de transporte empeoraba hasta llegar a ser casi inexistente, estimándose actualmente en no mas de un 15% las unidades que prestan el servicio de un total de aproximadamente 3,500, para cubrir las diferentes rutas concedidas por el gobierno municipal.

Pese a lo evidente del fraude, nadie rendía cuentas y la población debió someterse a los dictados de este sistema perverso y corrupto. A principios del 2013, Acción Ciudadana público un informe titulado precisamente “¿quién rinde cuentas?” que documentaba con cifras y trabajo de campo, el fracaso del proyecto trans urbano iniciado por el gobierno del presidente Colom.

Este último proyecto era un eslabón más de una larga cadena de sucesivos proyectos fallidos que nunca buscaron una solución integral al problema sino simplemente, el cambio de unidades que representaba un jugoso negocio cada vez que se hizo. Curiosamente, para cada uno de estos proyectos se alineaban todos los astros, en el Congreso se aprobaban los subsidios y las exoneraciones para la importación de buses, la municipalidad autorizaba en tiempo récord la concesión de nuevas rutas pese a haber inconformidades y hallazgos que ameritaban botar el concurso, el gobierno central desembolsaba sin mayores requisitos US35 millones para la adquisición de un sistema prepago que nunca entro en funcionamiento pues apenas llegaron a ingresar 400 de los 3,500 buses que contemplaba el proyecto.

A todo lo anterior hay que añadir la sobrevaloración de los buses adquiridos mediante préstamo a un banco brasileño, evento que incluso amerito la destitución del representante de Daimer en Brasil, al comprobarse el sobre costo de la amañada adquisición. Todavía hay una estela de duda sobre el estado de cuenta de ese préstamo que en teoría fue adquirido por las cuatro empresas favorecidas para emprender este monumento a la corrupción, las cuales necesitaban de ese desembolso estatal para adquirir la deuda de compra de unidades.

Mientras unos pocos funcionarios y mal llamados empresarios del transporte se beneficiaban de los millonarios fondos públicos, la población empezó a pagar hasta 5 quetzales por trayecto en unidades piratas que son las que prestan en su mayoría el servicio desde el 2012, y las pocas unidades de transporte de los llamados “tomates o rojos”, también adquiridos mediante otro negocio igualmente turbio en 2003, pasaron a ser manejadas a destajo mediante el alquiler diario de los buses a personas ajenas a las concesiones, en una clara y manifiesta expresión de capitalismo salvaje.

El adelanto conocido públicamente de las investigaciones que llevaron a la solicitud de captura del ex presidente Colom y varios miembros de su gabinete, da cuenta que millones de los fondos otorgados a ese grupo de seudo empresarios del transporte, fueron a parar a cuentas privadas y en otros gastos ajenos al destino que justifico tales desembolsos. En contrapartida políticos de turno se vieron beneficiados con la movilización gratuita de votantes y financiamiento electoral sustraído de los mismos fondos públicos.

Los millones de ciudadanos que a diario siguen pagando y sufriendo el costo de este sistema corrupto de transporte citadino, deben levantar su voz y exigir justicia y la creación de un sistema integral de transporte que no este mas controlado por carteles mafiosos y donde el Estado y sus diferentes instituciones competentes, asuman la responsabilidad de que se preste un servicio digno y eficiente que devuelva calidad de vida a los habitantes de la ciudad.