Chupacabras hizo nido en el Congreso

Arjona dice en su canción “noticiero” que “el chupacabras es un caso típico producto de la mixtura entre dos políticos, es un depredador furtivo, habrase visto semejante parecido”, y en realidad al conocerse la conducta y el comportamiento de los diputados contratistas de personal en el seno del Congreso, es muy fácil asimilar la figura del mítico succionador con las practicas ocurridas en la novena avenida.

En este caso no eran ovejas o animales vacunos las víctimas, era todo el rebaño ciudadano al que se le extraía hasta la última asignación presupuestaria que año con año fue creciendo para satisfacer el apetito por plazas que se contrataban sin ningún criterio ni proceso de selección. Hasta donde llego a normalizarse tal práctica, lo dicen los mismos imputados por la investigación de CICIG y MP en el caso “plazas fantasmas”, cuando se defienden señalando que desde su perspectiva no hicieron nada ilegal y que contratar de esa forma era una de sus prerrogativas.

Ahora nos encontramos con un Congreso que tiene más personal pagado que cualquiera de los dos hospitales nacionales más grandes. Algo inaudito para una institución que no debería tener tanta cantidad de personal pero si recurso humano altamente calificado para asesorar en la confección de las mejores leyes posible. Hoy en día, el buen desempeño de un Congreso o Asamblea Legislativa se mide por el nivel de experiencia de sus asesores y expertos temáticos disponibles que ayuden a los legisladores a mantener una producción legislativa de calidad y así mejorar el ejercicio de su representación política que es la esencia de su trabajo.

Como le he sostenido en otros casos, este nuevo proceso investigativo penal debe ser aprovechado para provocar las reformas que durante tantos años se negaron a aprobar las legislaturas que se sucedieron los últimos veinte años, acumulando decenas de proyectos de reforma orgánica y de servicio civil, que fueron engavetas por las razones obvias que hoy salen a luz pública y que permitía a los directivos legislativos vivir la vida loca a espaldas de la ciudadanía.

Pero sabemos que los excesos no se limitan a la contratación de personal, también se extiende a la contratación sobrevalorada de oficinas y otra instalaciones ubicadas en distintos lugares cuya dispersión contribuye al desorden y descontrol del recurso humano contratado. De hecho ni la misma contraloría ha podido determinar cuántas personas contratadas realmente trabajan en el recinto legislativo.

Lo más sensato sería concentrar en una sola instalación todas las oficinas para tener un mejor control del desempeño del personal. Pero desafortunadamente todos los proyectos que se han propuesto para tal fin, han llevado consigo el virus de la corrupción y por tanto fracasado en su intento de ejecución.

Ninguna legislatura va a poder recuperar el nivel de confianza y credibilidad ante la opinión pública, bajo el esquema de funcionamiento con que se sigue gobernando el poder legislativo. La lista de diputados antejuiciados amenaza con seguir creciendo mientras sigan vigentes las mismas reglas del juego. Antes de seguir reformando nuevas instituciones el Congreso debería priorizar reformarse a sí mismo.

La ley de servicio civil de dicho organismo debe ser el primer paso de dicha reforma. Esta debe contribuir a poner los recursos donde realmente se necesitan y disuadir a los políticos que al igual que el mítico chupacabras, hacen de las suyas succionando cuanto recurso encuentran a su paso.