Con agenda personal

Acorralados por la presión y la demanda ciudadana que busca legitimar las instituciones del Estado para que éstas sean un canal efectivo de resolver los graves problemas que aquejan a la población en general, diputados al Congreso de la República pretenden, en lugar de dar respuesta y satisfacer la demanda social, articulan acciones legales y políticas para mantener un estatus quo insostenible y a todas luces inviable.

La agenda legislativa se ha transformado en un bolsón de intereses inmediatos para defender posiciones que políticamente chocan con la realidad y la correlación de fuerzas sociales y políticas que imperan en el país. En un papel más de usurpadores que de representantes grupos y bancadas de diputados empujan piezas legislativas como la Ley Contra Actos Terroristas que abiertamente contiene una colección de inconstitucionalidades y pese a ello obtuvo dictamen favorable y que en el fondo busca asociar acciones de protesta social con actos terroristas.

Otra acción desesperada de esta política reaccionaria es la reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo que pretende limitar el campo de acción de fundaciones, asociaciones, patronatos, denominadas en general como Ongs, a temas de beneficencia y altruismo, violentando la libertad de asociación, entre muchos otros disparates.

Otra acción en la que buscan desesperadamente adeptos a sus causas, es la citación al Procurador de Derechos Humanos, a quien pretenden interrogar por un acto de aparición pública en una manifestación, el día internacional de la mujer, vinculándolo a un supuesto apoyo a un acto bufo que ha sido suficientemente aclarado por el procurador y por la misma jerarquía de la iglesia católica que era la institución supuestamente ofendida.

También hace tan solo dos semanas se dictaminó un polémico proyecto para cambiar procedimientos clave en el trámite de antejuicios que buscaba dar mayor poder al Congreso para tener sometidos a representantes de otros poderes del Estado, echando por la borda el principio democrático de balance de poderes.

La semana pasada ante una acción de amparo interpuesta por Acción Ciudadana por el nombramiento en presidencias de comisiones y jefaturas de bancada de diputados con clara prohibición para ocupar esos cargos, por estar en la categoría de tránsfugas, categoría que el mismo congreso legisló en la última reforma a la ley orgánica del legislativo, una de las diputadas que preside una de dichas comisiones planteó una acción legal en contra de Acción Ciudadana, alegando persecución política y vulneración a sus derechos como diputada.

Ante la acción legal presentada por la diputada, se remitió el informe circunstanciado para desvirtuar los argumentos y dejar claro que como organización en ningún momento podemos limitar los derechos políticos de los diputados como reclama la demandante, sino que es la misma ley la que regula su conducta, debiendo actuar apegados a derecho y a nuestro ordenamiento jurídico. Por la falta de sustentación lógico jurídico, el Juzgado que esta conociendo el caso, resolvió suspender definitivamente la causa por encontrarla sin legitimación pasiva.

Como saldo de todo lo anterior, los temas que sí son de interés nacional han quedado permanentemente relegados y no tienen visos de llamar la atención de los diputados, por ejemplo, los diferentes proyectos para regular el uso del agua, la ley de competencia para desarrollar nuestra economía y los mercados, nueva ley de compras y contrataciones, de servicio civil, identidad de género y tantas otras que no caben en la visión estrecha y miope de diputados comprometidos con sus propios intereses.