¿Destape o cierre de la caja negra de la democracia?

¿Destape o cierre de la caja negra de la democracia?

Entre los expertos en materia electoral se llama al financiamiento político, tanto de campañas como de partidos, como la caja negra de la democracia. ¿Y por qué la caja negra? Porque haciendo símil con lo que pasa en la aviación cuando una aeronave sufre un accidente, la caja negra es la principal herramienta que registra los movimientos y puede dar explicación de las causas del siniestro.

Lo mismo ocurre con la política. La caja negra representa el conocimiento de las fuentes y montos del dinero que llega a cada campaña y partido político. En Guatemala, estaba claramente normado por ley que los aportes para ser catalogados como legales, deben ser registrados y de conocimiento de la autoridad electoral. En la practica ni financista, ni partidos cumplían con hacerlo, violando abiertamente lo dispuesto por la normativa.

Desde Acción Ciudadana documentamos cómo en cada elección, desde al año 2004, se violaba también la norma relativa al techo de campaña, llegando a duplicarse, triplicarse hasta quintuplicarse los gastos permitidos. Pese a haber demostrado con cifras estos abusos reñidos con la ley, ninguna autoridad hizo algo para detener ese fenómeno.

Fue al amparo de tal impunidad que el financiamiento electoral irregular e ilegal llego a normalizarse. Tanto el de fuentes ilícitas como licitas, todos buscaron el anonimato. Casos paradigmáticos como el de los partidos patriota, líder y une-gana que en su conjunto reportaron en la campaña del 2011, al TSE haber gastado 44 millones de quetzales, cuando de acuerdo al monitoreo de Acción Ciudadana, gastaron más de 395 millones.

Las primeras investigaciones sobre este monumental fraude a la ley electoral que luego se traducía en fraude a las expectativas ciudadanas pues los partidos que llegaron al gobierno bajo este esquema gobernaban en primera y ultima instancia para sus patrocinadores, las aporto Cicig de la mano de la Feci desde el año 2015, llegando a judicializarse varios de ellos en contra tanto de financistas como de los partidos receptores y sus dirigencias.

Ahora se empieza a mover el tablero en el Congreso para modificar la redacción del articulado que incluye lo relativo al financiamiento político y que hizo posible judicializar los primeros casos, pues a raíz de la resolución de la Corte de Constitucionalidad se sugiere revisar puntualmente el articulo 407 del Código Penal que equipara en la práctica, como financiamiento electoral ilícito, tanto al proveniente de fuentes criminales (narcotráfico, contrabando, corrupción, etc.) como al no reportado por fuentes licitas como empresas y personas.

La reforma tiene sentido siempre y cuando no se busque dejar subterfugios de impunidad sobre todo tomando en cuenta que varios de los mismos legisladores que deben aprobarla tienen conflicto de interés por estar involucrados en procesos legales por dicho delito y además urgencia de financiamiento para cubrir la próxima campaña electoral.

Una cosa es reformar aisladamente el Código Penal y otra es hacerlo con una visión integral de reformar la ley electoral para fortalecer el capitulo relativo al financiamiento político y electoral. Obviamente el fin no debe ser satanizar el financiamiento a la política, sea este publico o privado, pero hay que buscar una reforma que de un balance y un impulso a la recuperación de la ética política que fue desterrada en los últimos años por la política de los negocios y el enriquecimiento fácil e ilegitimo.