El molde se está quebrando

En el libro “Por qué fracasan los países”, los autores Acemoglu y Robinson, abordan muy documentadamente el caso de muchos países subdesarrollados que siguen fracasando como consecuencia de tener instituciones políticas y económicas extractivas, es decir que están al servicio de elites y gobernantes que modelan su funcionamiento de acuerdo a sus intereses, dejando que el resto de la población quede marginada de cualquier beneficio.

Guatemala se encuentra en un periodo muy particular de su historia, caracterizado por lo que podríamos llamar, siguiendo la tesis de los autores en mención, la crisis de reproducción del modelo de instituciones políticas y económicas extractivas y el surgimiento de una creciente demanda de una amplia y diversa mayoría de actores por construir instituciones inclusivas que generen empleo y riqueza para la mayoría de la población que sigue anclada en términos de bienestar, con indicadores de los años cincuenta y sesenta.

Del lado de la crisis, que ya es permanente, observamos como instituciones del Estado destinadas a proveer servicios esenciales quedaron atrapadas en el extractivismo que en nuestro caso adopto forma de corrupción y captura de la institucionalidad pública. Los ejemplos no son aislados y tocan instituciones de lo más diverso, como lo es el Registro Nacional de las Personas (Renap) que ha dejado a casi un millón de ciudadanos sin acceso al documento de identidad, después de miles de millones de quetzales invertidos en esa nueva institución; el caso dramático de adquisición de alimentos no apta para consumo humano destinados al programa de desnutrición infantil que ya alcanza a la mitad de la población menor de cinco años, el colapso de la infraestructura vial, portuaria, hospitalaria y un largo etcétera.

La captura de las instituciones públicas para fines extractivos y/o de corrupción mantienen ancladas las instituciones económicas que muestran escaso o nulo dinamismo, con dificultades para aceptar las reglas de la competencia como lo demuestra el hecho que somos el único país de toda América Latina que todavía no cuenta con la legislación específica (el proyecto de ley de Libre Competencia sigue anclado en el Congreso) que prohíba las prácticas proteccionistas.

El tránsito hacia instituciones políticas y económicas inclusivas, no obstante, la crisis del modelo extractivo, no está asegurado ni exento de retos y desafíos. Mientras las demandas de empleo, seguridad, educación y salud siguen creciendo, el debate público lo dominan temas triviales y hasta absurdos como si de ellos dependieran las soluciones a los múltiples problemas.

Las resistencias activas de los defensores del esquema extractivo se han concentrado en atacar a la Cicig y el MP, a quienes identifica como instigadores y responsables de alterar el statu quo, pero subestiman las fuerzas internas y externas que abogan por la creación en el país de instituciones políticas y económicas inclusivas que frenen el deterioro moral y material de nuestra sociedad.

Como lo documenta el excelente libro en mención, los modelos institucionales extractivos que mantienen en el subdesarrollo a muchos países no son exclusivos de regímenes ideológicos de izquierda o derecha, más bien abarca a toda la gama que pueda haber entre ambos espectros. Al final se trata de un simple ropaje para defender los intereses de quienes obtienen los mayores beneficios de dichos esquemas de gobierno.