Elevar la corrupción y la inmunidad a políticas de Estado

Elevar la corrupción y la inmunidad a políticas de Estado

Ha trascendido que las reuniones que afanosamente han celebrado en las últimas semanas los presidentes de los tres poderes del Estado, tienen como propósito impulsar un paquete de leyes pro impunidad que clausure cualquier capacidad de las instituciones estatales para perseguir a los actores involucrados en casos de corrupción y por el contrario buscan perseguir y destituir a las cabezas de las instituciones que se identifican con la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Verdaderas piezas para un museo del horror legislativo están en el horno a la espera de ser ventiladas cuando aseguren los votos necesarios para su aprobación. Son tan impresentables las iniciativas que ninguno de los tres presidentes del Ejecutivo, Legislativo o Judicial ha ofrecido información como es su obligación, de los temas tratados en esas reuniones.

En pleno siglo XXI tenemos a las autoridades más importantes del país actuando a escondidas y rehuyendo rendir cuentas de algo tan elemental como decir para qué se reúnen. Si fuera por algo motivante y sano para el país no habría motivo para tanta opacidad y oscurantismo.

Entre las iniciativas que discuten a espaldas de todos están: reformar la ley orgánica del Ministerio Público con miras a quitarle todo signo de independencia y poder destituir a la fiscal general como a cualquier otro fiscal a discreción; remover a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no se han sometido a la agenda pro impunidad que promueven; aprobar por decreto la eliminación de la CICIG en flagrante violación a lo dispuesto por la CC y lo establecido en el convenio mismo, entre otras.

Para quienes todavía dudan que la verdadera intención del gobierno, su bancada y aliados en otros sectores es asegurar impunidad a los actores de corrupción, ahora ya no bastó con sacar al comisionado de la CICIG como primera excusa, luego a la Comisión entera, ahora se quitan la careta por completo, queriendo destruir la institucionalidad nacional garantía del precario Estado de Derecho que tenemos.

Como los casos de corrupción que ya estaban investigados previo a la salida de la CICIG siguen saliendo del MP, ahora el nuevo objetivo es esta institución y los fiscales nacionales, a quienes ya no pueden señalar de injerencia extranjera. Ahora resulta que el MP está cooptado por la exfiscal Aldana y la actual fiscal general está de adorno sirviendo a sus intereses.

Queda en evidencia que lo que tanto argumentaron sobre construir capacidades nacionales era solo un discurso y lo que en verdad molesta es que sigan conociéndose los hechos y la verdad que está detrás de cada caso.

Los actores políticos y económicos que defienden el Estado capturado por las redes que se benefician del mismo, intentan ahora elevar a políticas de Estado la corrupción y la impunidad promoviendo este paquete impresentable de iniciativas envalentonados por una victoria pírrica que tanto la ciudadanía como la comunidad internacional, les hará saber más temprano que tarde, que esa no es la ruta que la sociedad quiere para alcanzar el desarrollo democrático y económico del país.