Emergencia con transparencia

Los damnificados del desastre provocado por la erupción del volcán de Fuego merecen ser atendidos con prontitud y solidaridad de parte de la sociedad entera y del gobierno central. Guatemala acumula una serie de lecciones no aprendidas de los últimos desastres naturales que infortunadamente son cada vez mas frecuentes.

Para desgracia de las victimas y damnificados en general se repite un mismo patrón de malas practicas y experiencias que deberían buscar ser superadas en las distintas etapas de atención de las emergencias y posterior reconstrucción de lo dañado.

En la etapa de emergencia propiamente dicha es característica la bondadosa entrega de víveres, agua, medicinas, ropa, frazadas y otros enseres por parte de muchos guatemaltecos que se vuelcan a ofrecer donativos. En pasados desastres como Stan, terremoto de San Marcos los comités de emergencia departamentales y municipales fueron prácticamente inoperantes y la entrega y distribución de víveres se hizo mediante grupos de voluntarios improvisados sin llevar control de lo entregado. La rendición de cuentas de la entrega de donativos sobre todo de cara a garantizar que sean los verdaderos damnificados quienes reciban las ayudas debe ser garantizado por las entendidas de gobierno responsables de atender las emergencias.

Los Estados de Emergencia, dentro de la normativa guatemalteca, están contemplados para un periodo perentorio en donde la administración pública debe tomar las decisiones para atender las necesidades de la población; restringiéndose ciertos derechos constitucionales acorde a la situación y alcance del desastre. Dentro de los acuerdos gubernativos propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso de la República, se establece la excepción de compras y contrataciones sin cumplir con la ley aplicable, pero esto no es una oportunidad para que cualquier institución que, sin estar relacionado a mitigar las necesidades de los afectados, malgaste y realice compras espurias. Es necesario que en el decreto que apruebe el Congreso se establezca que instituciones conformaran el gabinete de emergencia y reconstrucción a manera de evitar abusos de otras entidades que nada tienen que ver con la atención del desastre.

Pasadas las primeras semanas de atención de la emergencia viene la etapa de reconstrucción y rehabilitación que son donde se concentran los mayores recursos presupuestarios y por tanto donde es mas importante la auditoria social y el monitoreo del gasto. Las mas recientes experiencias del Cambray y del terremoto que azoto San Marcos son lamentables y hablan de un re victimización de los damnificados sobre todo en las tareas de reasentamientos y vivienda donde en el mejor de los casos tienen que esperan varios años para recibir respuesta a sus necesidades.

Para las contrataciones publicas debe emitirse un marco normativo mínimo que las regule, incluido el uso obligatorio de Guatecompras de manera que no ocurran gastos injustificados y sobre valorados que solo benefician a los funcionarios de turno. Para ello es necesario dejar establecido qué instituciones conformaran el gabinete de reconstrucción y la obligatoriedad de que emitan sus respectivos marcos regulatorios para el gasto destinado a esa tarea.

El levantamiento de censo para identificar de manera pronta y transparente a los damnificados por la perdida de vivienda y cultivos siempre ha sido tardía y llena de irregularidades por lo que es prioritario y urgente levantar esa información y ponerla a disposición publica para que haya control social sobre el listado de beneficiarios futuros y no se preste a manipulaciones clientelistas y nepotismo como ocurrió en procesos anteriores.