Falla tectónica en el status quo

Procurar justicia en una sociedad acostumbrada a vivir en un reino de impunidad es un acto revolucionario y obviamente amenazante que atenta contra el orden natural de las cosas dadas históricamente. Por eso no es extraño que ya empiecen a conocerse intentonas conspirativas que buscan un borrón y cuenta nueva que resetee el sistema a los tiempos anteriores a abril de 2015.

Con su trabajo la Cicig y el Mp están logrando mucho más que lo conseguido con casi 40 años de lucha armada ejercida por los grupos exguerrilleros. Ni los acuerdos de paz que pretendieron un nuevo orden social y económico, consiguieron mover los cimientos del estatus quo, al nivel que lo están haciendo las investigaciones desarrolladas y que ya suman cientos de personas procesadas por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita, todas con posiciones relevantes en la pirámide de poder.

En Guatemala, hasta antes de la llegada de Cicig, existieron formalmente instituciones cuyas funciones eran las de investigación y sanción, pero hacerlas funcionar nunca había posible pues haberlo hecho era un acto de rebelión al sistema instituido para mantener la impunidad de actores que por su poder económico, político, militar o de cualquier otro tipo, contaban con los recursos para neutralizar cualquier intento de impartición de justicia.

Tan arraigado está dicho esquema de poder, que la misma Constitución Política de 1985, declino construir un sistema de justicia independiente, al dejar en manos del Congreso, el organismo por excelencia más político, la selección de los magistrados de la CSJ. Jueces meticulosamente escogidos para no representar ninguna amenaza de actuación independiente, asegurando una seudo democracia reducida al ritual electorero, que de entrada era inviable al nacer sin las facultades dadas por un Estado de Derecho.

Si en algún momento el proyecto democratizador tiene opción de nacer es justamente ahora que hay posibilidades de construir un sistema de justicia real e independiente que obligue a los poderes y a los ciudadanos de a pie, a respetar por igual las leyes y normas dadas, pero que en la práctica son una simple referencia. Reducir la famosa brecha entre el país legal y el país real que caracteriza a la mayoría de sociedades latinoamericanas es ahora una posibilidad real para los guatemaltecos.

Muy pocos países han ensayado fortalecer sus democracias desde lo legal, de hecho, la tentación más frecuente esta en afianzar los poderes de los órganos Ejecutivo y Legislativo, que han degenerado en sistemas represivos, clientelares y corruptos ante la ausencia de sanción a los abusos y desmanes de poder. Los mismos ensayos refundacionales de varios países sudamericanos que diseñaron nuevos ordenes constitucionales que dieron paso a gobiernos reformistas con amplio respaldo popular, están sufriendo fuertes reveses ante el desgaste que provoca el ejercicio del poder sin control ni sanción efectiva de los abusos.

Estoy convencido que tiene más poder transformador un verdadero poder judicial independiente que tomar el seductivo camino de una reforma política constitucional que ofrezca grandes ilusiones y se presta a construir castillos en el aire. Mucho dependerá del resultado de las gestiones de los procesos penales iniciados y de si finalmente se consigue el cambio constitucional al sector de justicia. Los sectores, afortunadamente minoritarios, que siguen apostando a una democracia renca, sin Estado de Derecho, son aquellos que hicieron de la impunidad un gran negocio y por primera vez ven amenazados sus intereses de seguir amasando fortunas vía el enriquecimiento ilícito.

Para la mayoría, nunca brillo tanto la luz al final del largo túnel de la impunidad.