La caja negra de la democracia

Entre los estudiosos y especialistas sobre el financiamiento político, se alude al mismo como la caja negra de la democracia, es decir el lugar donde quedan registrados todos los movimientos, operaciones, compromisos y acuerdos que asumen los directivos de una organización política, a la hora de recibir dinero para sus actividades y campañas. El símil viene a lo que ocurre cuando se produce un accidente aéreo, y lo primero que se busca son las famosas cajas negras que registran todos y cada uno de los movimientos tanto de pilotos como del aparato siniestrado. Solo encontrando esa información se puede entender las causas y motivos que provocaron el siniestro.

Para la democracia guatemalteca la caja negra que representa el financiamiento político fue la causa y origen de su perdición y del choque frontal que tiene actualmente con la población que reclama un nuevo sistema político-electoral. La política cedió a los intereses de quienes financiaban las campañas y el funcionamiento institucional del Estado en su conjunto perdió vinculación con cualquier atisbo ético, quedando reducida a una maquinaria hace favores de quienes invertían en la política partidista.

Acertadamente, quienes reclaman en las plazas de todo el país ubican este tema como la principal demanda. Siendo el dinero el principal motor que mueve las maquinarias políticas, los planteamientos o idearios y bases ideológicas simplemente quedaron con un disfraz de carnaval o de Halloween. Por eso es realmente absurdo hablar de luchas ideológicas en un país donde los partidos de los años ochenta del siglo pasado, ya no existían en los noventa, donde los que gobernaron en esa última década ya no existían en la primera del nuevo siglo y donde los vigentes, con escasas excepciones, tienen partida de nacimiento en la década que corre actualmente.

Los partidos guatemaltecos apenas empiezan a balbucear algún recetario ideológico, cuando reciben su acta de defunción provocada normalmente por el desgaste de haber hecho gobierno por un corto periodo de cuatro años o por haber quedado huérfano de financiamiento. En Guatemala, ni una de las fuerzas políticas protagonistas y hacedores de la apertura democrática concretada con la promulgación de la actual Constitución Política de la Republica de 1985, sobrevivió a la entrada del nuevo siglo (DC, MLN, PR, UCN, etc); hablamos de apenas 15 años.

Seguir con el mismo esquema de funcionamiento y de legalidad que sustenta el sistema de partidos políticos es garantizar 30 años más de lo mismo y peor, como lo han demostrado las falaces depuraciones de personas, pues siempre el que viene a sustituir al depurado, resulta aumentado y corregido.

La semana pasada presentamos como Acción Ciudadana una propuesta sustentada en seis cambios que a nuestro juicio podría romper con el molde de compra- venta en que cayeron la mayoría de organizaciones políticas en Guatemala. El primero es la introducción de la medida denominada “silla vacía” que entraría a funcionar en los casos de transfuguismo y cuando algún diputado, alcalde o concejal es condenado por algún delito de corrupción o crimen organizado. El puesto quedaría vacante, no pudiendo el partido sustituir al acusado. Es más, la propuesta es que el partido al cual pertenecía el acusado, no pueda volver a postular para ese mismo cargo en la elección siguiente.

Con esta propuesta se busca responsabilizar a los partidos por la gente que postula. No podemos seguir con organizaciones políticas que subastan al mejor postor los cargos de elección y que el peor castigo que reciben sea sustituir al involucrado por el siguiente en la lista.

Otra de las propuestas fue regular la reelección, que actualmente es un derecho constitucional pero que podría ser regulada mediante la ley electoral, dejándola no consecutiva, es decir que los que ostentan cargos actualmente, no podrían optar al siguiente periodo pues deberían esperar que transcurran cuatro años para poder optar nuevamente. Con ello se lograría una depuración total en todos cargos y se evitaría el uso y abuso de recursos públicos para campañas que buscan la reelección.