La ola Odebrecht

El mar de corrupción en que navega la política guatemalteca en medio de aguas calmas bajo pronostico seguro de cero agitaciones de mareas fuertes, gracias a la impunidad garantizada que ha existido históricamente, esta experimentado por primera vez cambios de marea bruscos desatadas por las investigaciones de Cicig y Mp, las cuales amenazan con hundir flotillas enteras de buques insignes de corrupción.

En comparación al tsunami que produjo en su epicentro Brasil y países vecinos como Perú, por ejemplo, el caso Odebrecht apenas llego como una pequeña ola a Guatemala. Eso tiene su razón en que la mayoría de países afectados por las contrataciones corruptas de esa empresa, los montos de las obras eran mucho mas cuantiosas, sobrepasando el billón de dólares como fue en República Dominicana, Panamá, Venezuela y Perú. En todos los casos, no obstante el monto, el modus operandi fue el mismo: sobornos a funcionarios de gobierno y políticos de oposición que tenían peso de votos en los Congresos o Parlamentos respectivos que al final eran los encargados de garantizar los prestamos para financiar las mega obras con dinero del Banco de Desarrollo de Brasil, todo bajo un esquema controlado para garantizar la contratación de dicha empresa.

Por lo mismo, no es de extrañar que la principal “oposición” concertada de ese momento, encabezada por líder y Manuel Baldizón, resultare siendo parte importante de la trama en su rol de dominio sobre buena parte del Congreso, como lo fue Keiko Fujimori en Perú y el mismo patrón se replico en Panamá y Dominicana. Otro patrón de la trama fue modificar durante la ejecución de las obras, el contrato original dando lugar a nuevas especificaciones que encarecían las mismas o eran recortadas en su alcance y de donde se presume que salían las millonarias mordidas.

Pero Odebrecht simplemente significo la entrada de un Titanic en aguas nacionales del mar de corrupción en que navega la construcción de infraestructura con fondos públicos desde hace décadas y que como queda demostrado en este caso, fue la principal caja de pago para el financiamiento de campañas de los partidos políticos, tanto oficiales como de oposición.

No es pura coincidencia que el fenómeno del trasfuguismo en el Congreso haya crecido paralelamente al flujo de las millonadas que circulaban para obtener esos negocios al punto que la mitad de los diputados llegaron a estar en esa condición en pasadas legislatura e incluso la actual. Así, muchos legisladores pasaron a formar fila del mercado de negocios, abandonando por completo los bloques y los partidos políticos que quedaron vaciados de contenido en sus agendas, dominadas en adelante por las jugosas ofertas que recibían para facilitar estos negocios.

Pero a diferencia del resto de países donde el caso Odebrecht ha causado gran impacto político por ser el primer caso que se investiga y que involucra a funcionarios del mas alto nivel, en Guatemala este caso es tan solo un eslabón más de la cadena interminable de casos abiertos por la Cicig y el MP, de gran corrupción manejada por redes político-económicas que cooptaron las instituciones del Estado a su servicio.

Y si bien la corrupción no es el principal ni único problema que tiene Guatemala, lo cierto es que ninguna reforma al sistema político y económica tendrá los resultados esperados mientras las instituciones públicas sigan cooptadas por poderes corruptores que mediaticen y anulen las funciones constitucionales de un Estado que ha perdido legitimidad por quedar al servicio de estas redes criminales que se enriquecen a velocidad de la luz, mientras la mayoría de la sociedad se empobrece y ve forzada a migrar.