Lenta agonía institucional que amenaza a todos

La usencia de renovación política en términos de liderazgo y propuesta esta teniendo un altísimo costo para el país que cierra cada año con los mismos pobres resultados en gestión y desarrollo, solo que cada vez peor en términos de la acumulación de problemas que dejan de resolverse bajo la consigna “el que venga atrás que arree”, siendo este año que termina una continuación de la larga secuencia de administraciones fallidas.

Los mismos temas con nuevos actores, la concesión discrecional e irresponsable de bonos navideños sin que medie proceso algunos de medición de resultados, cumplimiento de metas y/o resultados; de un plumazo se otorgan bonos que en la mayoría de casos son asignados con motivo de disponer de los recursos que no fueron gastados en rubros sustantivos que ameritan la existencia de las instituciones. Lo que es peor, este año cierra con el emblemático caso del bono otorgado al mismo presidente por parte del ministerio de la Defensa, que sin sustento legal ni de ningún otro tipo otorgo un cuantioso bono permanente mensual que no pudo sustentar y que se vio obligado a devolver.

La red vial sigue colapsada sin visos de recuperación ante la entrega de los recursos destinados a infraestructura durante tantos años, a contratistas que aseguraban contratos mediante el financiamiento de campañas y políticos que cuando llegaban al poder seguían adjudicándoles sin requerimientos técnicos de las obras a construir, solo importaba que los recursos les fueran distribuidos sin importar la calidad y durabilidad de las mismas.

Con la reciente inauguración del libramiento en Barberena, el mismo ministro de la cartera dijo que tuvieron que pasar doce años para poner culminar con dicho proyecto que tan solo consta de 12 kilómetros, es decir si promediamos cada gobierno aporto cuatro kilómetros para hacer realidad la misma, siendo ello una verdadera hazaña si comparamos con otros proyectos que ni siquiera llegan a inaugurarse, sin ir tanto lejos la famosa ruta de la costa sur abandonada por Odebrecht con consentimiento del gobierno patriota que negocio modificaciones al contrato original.

Los fondos sociales y otras unidades ejecutoras siguen el mismo patrón de funcionamiento, resultando peor el remedio que la enfermedad, dado que la mayoría de ellas fueron constituidas en los años noventa con el objetivo de hacer más ágil la inversión pública a los sectores menos favorecidos de la sociedad, otorgándoles fondos bajo la figura de fideicomisos que podían hacer erogaciones sin cumplir con las normativas que regulan las actividades de los ministerios, bajo el supuesto que con una ejecución mas ágil las poblaciones más pobres recibirían subsidios y otros servicios con mayor prontitud y eficiencia.

Nada de lo anterior ocurrió y en cambio lo que paso fue que en lugar de distribuir los fondos un 90/10, es decir diez para funcionamiento y noventa para inversión, esos mal llamados fondos sociales resultaron igual y hasta peor que los mismos ministerios y otras dependencias donde el noventa por ciento se destina a gastos de funcionamiento. Por esa razón en el 2012, plantee el cierre de Fonapaz que ferozmente defendió el expresidente Pérez Molina por razones obvias.

Sobra la evidencia tanto estadística como empírica para reformar todo el sistema de gobierno, lo cual no necesariamente implica reformar toda la Constitución, la mayoría de cambios pueden hacerse por medio de leyes y reformas administrativas ordinarias, pero para los políticos de turno que solo conocen el Estado como medio para hacer negocios y sobrevivir de los recursos públicos, resulta muy conveniente no hablar del tema.