Limpiar la maleza para mejorar la siembra.

Cada vez que se destapa y descubre una nueva red de corrupción en alguna institución como ocurrió la semana pasada con el Registro de la Propiedad, se abren valiosas oportunidades para reformar internamente los sistemas institucionales que han mostrado ser diseños propicios para la discrecionalidad en el uso de valiosos recursos o servicios públicos que degeneran en estructuras corruptas. En otras palabras, la batalla anticorrupción trabaja como una limpia de la maleza que cubre el terreno, pero para mejorar la cosecha hace falta sembrar una nueva semilla.

El caso del registro de la propiedad es emblemático. Se trata de una institución que prácticamente no ha sufrido ninguna reforma importante desde su creación en 1877, sobreviviendo incluso a reformas constitucionales que la dejaron intacta a como fue concebida en el siglo 19. De hecho, fue hasta hace dos años, que por primera vez fue objeto de una auditoria por parte de la Contraloría General de Cuentas, es decir que paso casi siglo y medio sin rendir cuentas ni ser objeto de control estatal alguno.

No cuenta con un marco legal propio, siendo su único asidero legal el artículo 230 de la Constitución Política y el articulo 1124 del Código Civil. La función de registro de la propiedad pese a ser eminentemente técnica, sigue siendo un cargo nombrado por el Presidente de la Republica con total discrecionalidad. Con tales características no es extraño que allí hayan aflorado prácticas corruptas que llegaron a niveles cercanos de hacer colapsar el centro neurálgico de la propiedad, base de funcionamiento de cualquier conglomerado social. El realismo mágico puro: institución con diseño y prácticas del siglo XVIII, operando en pleno siglo xxi, sin llamar la atención de ningún liderazgo durante siglo y medio.

El continuo destape de casos de corrupción gracias al dúo Cicig-MP, abre oportunidades sin precedentes para que, en cada institución señalada, se formule un plan de reforma institucional que sustituya los viejos sistemas de gestión basados en grandes espacios discrecionales, medios operativos vulnerables a manoseos, y cero planificaciones estratégicas, con lo cual se aseguran resultados nulos para la sociedad.

Hay varias voces molestas con la batalla anticorrupción que alegan que es mejor que las instituciones sigan funcionando con incentivos corruptos a que estén paralizadas como ocurre en varios casos, pero lo cierto es que como sociedad debemos ser capaces de construir nuevos modelos institucionales que funcionen libres de corrupción.

He propuesto en varias ocasiones que se instale un equipo de trabajo interinstitucional (congresistas y delegados del poder ejecutivo) cuya misión sea precisamente la reconstrucción institucional, la cual debería formular las propuestas y operar los planes para cada institución que ha colapsado por prácticas corruptas.

La CICIG y el MP están funcionando para lo que fueron concebidas, pero los poderes ejecutivo y legislativo siguen mostrando parálisis y pobreza de iniciativa para recuperar y poner a funcionar libres de corrupción a las instituciones y servicios públicos.

En el caso del Registro de la propiedad se presenta una oportunidad sin precedentes para actualizarla al siglo que vivimos, dotándola de un marco legal idóneo con capacidades de gestión administrativa y financiera acorde a las mejores prácticas, así como de una plataforma tecnológica que potencie el control sobre las transacciones inmobiliarias que favorecen el blanqueo y robo de propiedades. En conclusión, es tomar la decisión de querer seguir apostando al pasado, en lugar de ver hacia el futuro.