Lobbismo del Estado paralelo

Dos contratos en términos iguales, uno desde la presidencia de la República y el segundo avalado por al menos cuatros diputados, suscritos con la firma lobista Barnes & Thornburg cuyo objetivo principal es fortalecer las relaciones de funcionarios nacionales con los del gobierno y Congreso estadounidense, a un costo de más de 14 millones de quetzales, quedaran seguramente como documentos históricos dadas las circunstancias poco claras que rodean ambos contratos.

Por un lado, nadie puede decir quien paga por los mismos. Es realmente inaudito que un contrato de esa naturaleza donde se involucra a la misma presidencia de la Republica y al Organismo Legislativo, no tenga una fuente de financiamiento clara. Por declaraciones aisladas y evasivas de los mismos implicados se deduce que los fondos no son del Estado, sino de una fuente privada. Si eso es así, se infiere que quienes financian ambos contratos, manejarán y decidirán en qué términos deben fortalecerse las relaciones entre los funcionarios de ambos países. Sin duda todo un poder paralelo que deja al Estado como un simple maquillaje de sus inexpresivos intereses.

Quizá la más reveladora declaración la dio uno de los diputados nacionales al decir que era necesario contratar los servicios de una firma lobista en Washington porque el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país, Todd Robinson, actúa por cuenta propia sin tener el aval del presidente Trump y su secretario de Estado. Por su parte, la embajada estadounidense reacciono diciendo que lamentaba que la cantidad invertida no sea utilizada en aliviar problemas nacionales como la desnutrición crónica.

Por si esto no fuera ya suficiente esta semana finalmente se pronunció oficialmente la presidencia de la Republica diciendo que “el presidente no ha autorizado a ningún funcionario para suscribir algún contrato de este tipo” y que “si alguien lo hizo fue sin su autorización, a título personal y deberá asumir la responsabilidad y consecuencias que pueda traer”. El contrato ahora en la orfandad, fue firmado por el ex embajador para temas de Migración, Marvin Claus Mérida, quien ya había sido destituido hace algunas semanas por promover reuniones en la capital de Estados Unidos para desprestigiar al embajador Robinson.

Si juntamos las dos piezas resulta que el ex embajador Mérida estaba haciendo justo lo que el diputado nacional alega del embajador estadounidense en nuestro país, es decir siendo un portavoz ahora oficialmente desautorizado que actuó en nombre propio. En otras palabras, el epicentro del estado fallido esta acá y no precisamente en Washington.

Es un asunto verdaderamente de Estado, que se aclara todo lo que hay alrededor de ambos contratos, pues dejan al país muy mal parado, reafirmando la existencia de un Estado paralelo que tiene de fachada al que simplemente niega estar detrás de quien usurpa su nombre.

Va a hacer muy difícil que Guatemala sea tomado como un socio serio para cualquier estrategia regional como la recién relanzada Alianza para la Prosperidad, cuando no define claramente sus objetivos de seguridad y desarrollo, enviando mensajes confusos y hasta contrarios a lo que dice estar comprometida, como lo es la lucha contra la corrupción.