Sin correo, sin tren, sin puerto, sin procurador,….

Para salir adelante, una sociedad debe buscar como ampliar y optimizar su infraestructura a fin que la movilidad de las personas y los productos que estas producen, circulen lo más rápido y eficientemente posible. En Guatemala en cambio, como resultado de la ausencia de una planificación nacional que ha sido sustituida por la toma de decisiones orientada a satisfacer intereses de grupos financistas de campañas, todo tiende a moverse a paso de tortuga limitando cualquier posibilidad de ser competitivos frente al resto de países.

Las concesiones otorgadas a particulares para desarrollar actividades estratégicas para el desarrollo nacional, como el correo, puertos, vía férrea, entre otros, no solo no consiguieron mejorar la infraestructura después de largos años de detentar los usufructos, sino que han dejado al país atado de manos en enredos legales que amenazan con prolongarse por años, perdiéndose valioso tiempo que se traduce en pérdidas económicas incalculables.

La política de repartir los bienes del Estado sin que el mismo haya desarrollado capacidades reguladoras efectivas para hacer cumplir sus obligaciones a los beneficiados de estos contratos, debe llegar a su fin. Urge el diseño de un nuevo sistema regulador que cuenten con la participación no solo de funcionarios sino de ciudadanos y expertos temáticos que gocen de condiciones para evaluar con independencia.

De momento corresponde además de la declaratoria de lesividad, hacer una auditoria forense para calcular los daños y pérdidas ocasionados por cada una de estas concesiones, no solo en términos económicos sino sociales y si posible de documentar, judicializarlos. También corresponde además de estudiar caso por caso, formular una visión nacional del uso de dichos bienes y una supervisión calificada de su funcionamiento, concesionado o no, que garantice el cumplimiento de resultados esperados de cada bien estratégico de la Nación.

El descuido y la desidia como política de Estado hizo que estos bienes estratégicos, bajo administración privada o pública, cayeran en el abandono y la ruina. Por eso la respuesta a su recuperación no está en seguir modelos ideológicos, sino creativos e innovadores que convoquen lo mejor de las experiencias exitosas tanto en administración y gestión, tecnología e innovación, participación accionaria y reparto de beneficios.

Es increíble constatar que todos estos servicios como el de correo, tren y puertos eran más eficientes 70 años atrás. Unos en manos del Estado, otros en manos privadas, pero trabajando en función social y económica, no al servicio de intereses espurios y hasta mafiosos como es en la actualidad.

En un Estado que carece de estrategias y planes de desarrollo, ningún modelo de gestión sea estatista o privatizado de los bienes y recursos nacionales, tendrá éxito. De hecho la gran conflictividad que afecta al país y a la mayoría de las inversiones tanto en el agro como en la generación de energía limpia, en la minería metálica, tiene sus raíces en el vacío que ha dejado la ausencia de discusión y consenso alrededor de un modelo de desarrollo.

Desafortunadamente, en los momentos que más se requiere de políticos profesionales y comprometidos para desarrollar la tarea de un nuevo contrato social de Nación, es cuando más cuestionados están los partidos y sus dirigentes. Pero resulta promisorio ver cómo diversas expresiones de ciudadanía pueden ser la semilla para una etapa de mayor deliberación y generación de acuerdos nacionales para desarrollarnos en armonía.

La noticia de que nos quedamos sin correo nos debería dejar claro el mensaje: más que refundar el Estado y sus instituciones se necesita recuperar la decencia y el sentido común de las cosas.